La sociedad comienza a preocuparse por el fraude

La crisis económica ha hecho que cambiemos nuestra forma de pensar en todos los sentidos. Los consumidores somos más conscientes de que debemos cuidar nuestro planeta y nos decantamos por no usar bolsas de plástico o comprar en aquellas tiendas en las que sabemos que su producción es sostenible o social, por así decirlo. Asimismo, también reciclamos más y, si somos empresarios, buscamos ante todo la calidad para hacernos un hueco a través de la excelencia y también la seguridad. Yo misma, en mi empresa, para no perderlo todo, he instalado una sistema de Ibertronix para detectar incendios. Ah, y no nos olvidemos de otro de los puntos más importantes, la corrupción y el fraude, algo que nos enfada mucho.

Y es que según los últimos estudios, el paro y la corrupción son dos factores que tienen muy preocupados a los españoles. El fraude es algo que molesta mucho a la sociedad, ya que en el fondo todo el dinero que no se declara o que se pasa por alto por los impuestos no se reinvierte en servicios sociales, es dinero que pierden la sanidad, la educación, las infraestructuras, etc.

Es por eso que más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido en una convención celebrada este mes la necesidad de crear una Corte Financiera Internacional con competencias transnacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y corrupción.

Y es que en los últimos años hemos sido testigos de escándalos financieros con una gran repercusión mundial que hace necesario, para la defensa de los intereses de las personas físicas o jurídicas afectadas, plantear una actividad litigadora global. Esta litigación internacional requiere una compleja capacidad de información y recursos que hacen particularmente eficaces los instrumentos colaborativos flexibles e internacionales.

Javier Cremades, presidente de la red de abogados europeos e iberoamericanos Euro Latam Lex (ELLEX) y de la red internacional de abogados litigadores International Financial Litigation Network (IFLN) lo explica así: “Tenemos un problema de gobernanza político. El legislador crea fronteras artificiales que perjudican a los consumidores y accionistas y que dificultan las demandas colectivas nacionales e internacionales. Un sistema de class action es una herramienta excelente de resolución de conflictos a través de acuerdos entre las partes que beneficia tanto a las grandes empresas como a los inversores y consumidores”.

Así, durante dos días los abogados e inversores han compartido y debatido las experiencias en sus respectivos países sobre economía colaborativa, crowdfunding, el desarrollo de las empresas de fintech e insurtech, las consecuencias para los inversores, accionistas y el medio ambiente en el caso Volkswagen, los procedimientos de extradición de Ablyazov y otros acusados en Kazajastan por la billonaria estafa del banco BTA, las OPAs transfronterizas en el caso del Banco Portugués de Investimento o la repercusión económica y financiera de la violación del estado de derecho en Venezuela.

Tras la aprobación de los quince puntos sobre capitalismo ciudadano, Benita Ferrero-Waldner, ex comisaria europea de relaciones exteriores de la Unión Europea, declaró clausurado el Congreso y emplazó a los asistentes e intervinientes a continuar los debates en 2018.

Casos españoles de fraude

Entre los casos españoles el debate se ha centrado en las plantas fotovoltaicas y el cierre del espacio aéreo, lo que permanece del sistema de cajas de ahorros, los conflictos de interés en sociedades cotizadas, como el caso NH – HNA, o los fraudes en los folletos de OPV, como en el caso de Bankia.

El ex alcalde de Madrid José María Álvarez ha defendido “que las cajas de ahorros todavía cumplen una función y deberían, de alguna manera, existir”. Mientras, Ramón Roca, director del diario Periódico Energía denunció que “la industria fotovoltaica española se ha destruido y que los poderes públicos no dan una respuesta a los inversores”. Y, por su parte, Lluis Quetglas Servera, cofundador de la empresa de insurtech Sharenjoy, manifestó que “en el sector tecnológico, el regulador debería desregular aquellos aspectos que frenan la innovación”.